En Costa Rica, los trabajadores independientes enfrentan grandes obstáculos en lugar de incentivos para crecer. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impone cuotas elevadas basadas en estimaciones, lo que empuja a muchos a la informalidad. Según el INEC, el 87% de este sector opera fuera del sistema porque no puede sostener los costos.
Además, Hacienda exige impuestos sobre facturas aún no pagadas, y los trámites burocráticos dificultan el acceso a créditos y permisos. En lugar de apoyar el emprendimiento, el Estado se ha convertido en su principal adversario.
Es urgente una reforma que alivie la carga tributaria y simplifique los procesos para que emprender no sea un castigo. Un sistema más justo impulsaría el crecimiento económico y brindaría mejores oportunidades para todos.
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